Cuando en nuestro país necesitamos un profesional (abogado, médico, administrador de fincas, arquitecto…) lo más frecuente es pedir consejo a las personas que nos rodean, quienes tienden a contarnos su experiencia y nos dan opinión respecto de aquellos profesionales con los que han tenido algún tipo de contacto cada vez que ha precisado de este tipo de servicios. Se piden los correspondientes presupuestos y cada cual toma su decisión con arreglo al criterio que estima conveniente.
¿Dónde está la “limitación a la competencia” que ejercen los Colegios Profesionales sobre el mercado y que sirve como argumento para la redacción de la Ley que pretende aprobar el Gobierno? ¿Cuál es el problema para no escuchar a los representantes de las profesiones liberales, que suponen casi el 10% de la riqueza nacional?
Los que ostentamos alguna representación de un Colegio Oficial nos sentimos señalados con el dedo y no sabemos por qué. Somos el centro de la diana de este Proyecto que va a enturbiar un mercado –el de los servicios profesionales- que funciona adecuadamente y cuya autorregulación no supone ningún coste para el Estado. El 30% de nuestros universitarios encuentra su salida laboral en las consultas, estudios o despachos de los profesionales españoles, que deberían sentirse escuchados y respaldados por el Gobierno.
«La norma va a afectar a más de 15.000 profesionales que han mantenido activo este sector «
Sin embargo, lejos de hacer esto, el Gobierno, impulsado por el Ministro De Guindos, se ha embarcado en la aprobación de un Proyecto que ataca frontalmente a línea de flotación de estas seculares instituciones sin sentarse a dialogar con sus representantes. Estoy convencido de que no se sientan porque saben que no existe ninguna justificación para la reforma en su orientación actual.
Sin lugar a dudas, es conveniente una regulación que refuerce a los Colegios: medidas para aumentar la trasparencia, las certificaciones profesionales, la colegiación única en todo el territorio nacional, un código deontológico común para todos los colegiados del país. Estas y otras propuestas pueden ser útiles y, dialogando sobre ellas, se puede y debe estudiar la mejor forma de implantarlas.
Vía: El País | Imagen: lainformacion.com